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29 oct. 2009

Una juez frena el pago de 400.000 euros en tasas por parte de una familia con un hijo en coma

Una juez frena el pago de 400.000 euros en tasas por parte de una familia con un hijo en coma



La juez del Juzgado de Primera Instancia número 11, Pilar Pala, ha suspendido de momento la ejecución de unas costas que ascendían a 400.000 euros que la familia con un hijo en coma desde hace 20 años a causa de una operación estética estaba obligada a pagar por la imposición de otra juez, ahora implicada en el caso y, por tanto, recusada.


La familia de Antonio Meño, el joven en coma, lleva cuatro meses viviendo en la calle, en plena plaza de Jacinto de Benavente de la capital, frente a una de las dependencias del Ministerio de Justicia. Denuncian, por un lado, que la Administración le ha quitado la razón cuando existen pruebas de que su hijo está en ese estado por una negligencia médica y que ahora tenían que pagar las costas de los juicios.


Con bastantes frentes abiertos, la última novedad del caso era que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había admitido a trámite la demanda de responsabilidad civil interpuesta contra cuatro jueces que rechazaron en su día la denuncia de la familia por este error médico. Frente a ello, una de las magistradas denunciadas insistió en seguir con la ejecución de las costas pasándole el tema a una juez sustituta.



Tramitación en suspenso


Ahora esta juez, en una providencia, ha decidido que quede en suspenso la tramitación de esta ejecución en tanto que el Tribunal Supremo resuelva un incidente de nulidad que planteó la familia sobre el tema de las costas alegando que no había podido impugnarlas en su día por «excesivas» porque carecía de defensa.


Según explicó el abogado portavoz de la familia, Luis Bertelli, ahora tiene que ser el Alto Tribunal el que decida sobre este incidente y sobre otro que presentó la familia sobre la sentencia ejecutada por el mismo y en el que se quitaba la razón a la familia que denunciaba un error del anestesista que participó en la operación.


Fuente de información.



http://www.abc.es/20091028/madrid-madrid/juez-frena-pago-euros-20091028.html

En coma y a punto del desahucio por una juez que 'está recusada'

La familia de Antonio Meño, un joven que lleva 20 años en coma tras someterse a una operación, podría ser deshauciada porque una juez insiste en hacerles pagar las costas de los litigios que se han extendido a lo largo de dos décadas y que ascienden a más de 400.000 euros, pese a que esta magistrada en cuestión "está recusada" y no puede, por ley, intervenir en la causa.

El juez de la familia, Luis Bertelli, explicó a Europa Press que la actuación de la jueza María del Mar Crespo viene después de que los padres de Antonio decidieran demandarla junto a otros tres más que en su día rechazaron una denuncia que interpusieron porque éstos no llegaron a admitir nunca que su hijo se había quedado así por un error médico.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiese a trámite la demanda contra los cuatro magistrados, éstos tenían un plazo de 20 días hábiles para comparecer. En este plazo, la magistrada decidió actuar, y a través de una providencia, pasa el pleito a una compañera con el fin de que ella siga actuando para la ejecución de las costas.

En dicho escrito, se recoge que Pilar Pala, a la que legalmente le corresponde la sustitución de la demandada, tiene que continuar con el pleito y, que se "seguirá sustancialmente hasta la citación para una sentencia definitiva, en cuyo estado se suspenderá hasta que se decida el incidente de recusación".


Los padres de Antonio están jubilados y pese a que llevan tres meses acampados con su hijo frente al Ministerio de Justicia, en la plaza Jacinto Benavente, para reclamar justicia, tienen una vivienda en la localidad madrileña de Móstoles, que podrían perder si finalmente se procede a la ejecución de estas costas.


El abogado denunció el "ensañamiento" de esta jueza con la familia Meño, y explicó que, según recoge el artículo 219 de la ley orgánica del poder judicial, la jueza tiene obligación a recusarse (y no intervenir en el proceso) "por tener pleitos pendientes con las partes". "No puede tomar una determinación porque es parte interesada", insistió.


A juicio de Bertelli, si la jueza interfiere en la causa es una falta "muy grave" que le puede llevar incluso hasta la pérdida de su carrera judicial. "Tendría que abstenerse pero no lo ha hecho a sabiendas de que es su deber", apuntó, al tiempo que destacó que la actitud de la magistrada es "todo un desafío". "Ha hecho mucho daño... no sé por qué no para", añadió.


Al mismo tiempo, explicó que el Tribunal Supremo ya anuló en su día la sentencia en la que se pedía la ejecución de costas. La familia Meño la había recurrido alegando que eran excesivas y que, además, no había podido ejercer su derecho a defenderse porque no contaba con abogados. "No pudo impugnar las costas porque estaba indefensa", apostilló.


A la espera de que el Juzgado de Primera Instancia número 11 atienda el recurso de reposición contra la providencia de la jueza, la familia Meño continúa viviendo día y noche en las tiendas que han colocado en plena calle a modo de protesta. Allí, recogen firmas para llevar su caso al Congreso de los Diputados y reciben el cariño de la gente.


Una operación estética


La historia de Antonio Meño empieza el 3 de julio de 1983, cuando este estudiante de Derecho de 20 años, se sometió a una operación estética de nariz en una clínica madrileña, que no resultaba ni siquiera necesaria. La intervención quirúrgica se realizó con anestesia general y duró, según el cirujano, entre 20 y 25 minutos.


Sin embargo, el anestesista indicó más del doble, una hora. El resultado fue que del quirófano salió Antonio en coma vigil irreversible, con las funciones intelictivas y cognoscitivas completamente abolidas y dependiendo de los demás para poder realizar sus necesidades más elementales.


Sus padres denunciaron la situación ante el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, que condenó al anestesista porque, según el relato de los hechos y las pruebas, cabía hablar de "una cierta imprudencia en la actitud" de este profesional, con lo que la familia podría cobrar la indemnización que permitía cubrir las atenciones que necesitaba Antonio.


Según recoge esta sentencia, el anestesista procedió a la extubación del paciente sin existir evidentes signos de que Antonio hubiera recuperado la respiración espontánea. A los cuatro o cinco segundos de haberle retirado el tubo le sobrevino un vómito y debido a su falta de reflejos por no haber recuperado la respiración, lo tragó, aspirándolo por vía aérea, y le causó un broncoespasmo que le dejó sin oxígeno.


Sin embargo, el anestesista recurrió en apelación su sentencia condenatoria y la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la dictada en primera instancia, absolviéndole y dejando a la víctima sin la indemnización. Fue cuando a los padres de Antonio sólo les quedó la vía civil y acudieron al Tribunal Constitucional.


Posteriormente perdieron en primera instancia, en apelación y en casación. De hecho, los tres jueces que conformaron el tribunal de apelación -ahora demandados- aseguraron que no existía "viso alguno" que permitiera inducir que "haya sido confeccionado ad hoc o en función del proceso" la actuación del anestesista.


Los padres continuaron su batalla en los juzgados y recurrieron al Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de los Meño por no haber combatido en él la culpa del anestesista. La familia se quedó sin letrado y pidió al Alto Tribunal un abogado y un procurador del turno de oficio para interponer un incidente de nulidad contra esa sentencia.


La petición del abogado y procurador de oficio la efectuaron los Meño el 14 de julio y a día de hoy todavía no le han sido nombrados estos profesionales, aunque la familia ya cuenta con defensa, la Fundación Jurei (Justicia Responsable e Independiente), que tras conocer la historia, acordó hacerse cargo de la situación.


A día de hoy siguen a la espera de ver qué ocurre con su recurso de apelación y a pesar de que llevan dos décadas de lucha donde se han quedado solos, "sin dinero e indefensos" no terminan de perder la "esperanza" de que llegue el momento en el que se reconozcan sus derechos.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/25/madrid/1256472489.html