Especial: 20 años en coma

Especial: 20 años en coma



​La familia de Antonio Meño Ortega, un hombre de 41 años que lleva dos décadas en coma por una supuesta negligencia médica en una operación de cirugía estética, no tenía abogado defensor cuando se le condenó a pagar los 400.000 euros de costas del proceso judicial.


Su actual letrado, Luis Bertelli, presentó una incidencia de nulidad del pago de las costas que fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo. Ahora los padres de Antonio Meño están a la espera de un pronunciamiento que “no debe tardar mucho”, explica a lainformacion.com su abogado.


Además, a la espera de este trámite se ha unido a otro incidente pidiendo que se anule también la sentencia para que condenen al anestesista, que había sido absuelto. “Esto puede hacer que se retrase un poco más”, puntualiza Bertelli.


Mientras estos trámites se resuelven, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 11, Pilar Pala, ha suspendido, de momento, la ejecución de unas costas que ascendían a 400.000 euros.


La familia estaba obligada a pagar estas costas por la imposición de otra jueza, ahora implicada en el caso y, por tanto, recusada en el mismo.


Proceso judicial de más de 20 años


En este punto, el abogado de la familia explica que en un principio se abrió un proceso penal que ganaron los padres de Antonio Meño en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid. Sin embargo, perdieron la apelación en la Audiencia Provincial de Madrid.


Fallada la vía penal, la familia decidió iniciar la civil. Sin embargo, subraya Bertelli, “por errores de los jueces fueron perdiendo en todas las instancias, lo que ha supuesto que se haya presentado contra esos cinco magistrados una demanda de responsabilidad civil”.


Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite esta demanda de responsabilidad civil. Frente a ello, una de las magistradas denunciadas insistió en seguir con la ejecución de las costas pasándole el tema a una jueza sustituta, Pilar Pala, que ha decidido suspender por el momento esta ejecución.


Tras perder la vía penal, los padres del joven en coma acudieron a Ginebra, al Comité de Derechos Humanos, por considerar que “había sido justo” el juicio de la Audiencia Provincial, pero este órgano internacional, “sin leer lo que le fue enviado, devolvió toda la documentación”, lamenta el letrado actual de la familia.


Por ello, explica que se ha tramitado una petición, junto a 25.000 firmas, al Congreso de los Diputados en la que se solicita que se investigue la devolución del Comité de Derechos Humanos. Una petición que ha sido rechazada por la Cámara baja.

Ante esta situación, los padres y el propio Antonio Meño llevan cuatro meses viviendo en la calle, en plena plaza de Jacinto de Benavente, frente a una de las dependencias del Ministerio de Justicia. Denuncian que la Administración le ha quitado la razón cuando existen pruebas de que su hijo está en coma por una negligencia médica.



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